La activista y Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo" visitó Puerto Vallarta, donde lamentó que las muertes de mujeres no encuentren justicia
Al considerar que en México existe una crisis de valores, la activista Irinea Buendía Cortés dijo que las autoridades no tienen voluntad política para atender los feminicidios, por eso persiste la impunidad en el país.
Durante su visita a la ciudad, donde el fin de semana develó una placa en memoria de las víctimas de feminicidio en esta ciudad, la también Premio Nacional de Derechos Humanos "Sergio Méndez Arceo" llevó a cabo una conferencia en la que expuso el caso de su hija, una joven abogada de 29 años que fue asesinada en 2010 por su marido, un expolicía judicial del Estado de México.
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La mujer de 66 años lamentó que el pasado gobierno federal no hizo algo contundente para atender y erradicar la violencia de género, misma que le arrebató a su hija Marina Lima Buendía en Chimalhuacán, Estado de México.
El caso de Marina fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tras seis años de lucha por parte de Irinea, quien se encargó en desmentir la versión de la Procuraduría General de Justicia del Estadfo de México, la cual calificó el hecho como un suicidio.
A la ponencia de Irinea acudió Zulema Carrillo Nuñez, directora del recién abierto Centro de Justicia para la Mujer en Puerto Vallarta
"Mi hija no se mató, la mató su esposo, el hombre al que amaba, porque ella amaba a ese hombre, a pesar de que el la golpeaba", dijo Buendía Cortés.
Julio César Hernández Ballinas, un comandante de la Policía Judicial en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, habría influido en que el Ministerio Público evitara investigar el hecho, sin embargo, el empeño de Irinea logró atraer la atención de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ordenó a la procuraduría mexiquense reabrir el caso e investigarlo como feminicidio y no como suicidio, tal como lo tipificó desde un principio.
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Ante dos docenas de presentes en la sala de juntas de la Unidad Municipal Administrativa (UMA), la mujer relató el 'viacrucis' que ha vivido desde el asesinato de su hija y culpó al gobierno de responsable de los crecientes hechos de violencia de género en el país.
"No deseo que alguien esté en mis zapatos, pero de nosotros depende seguir luchando para conseguir la justicia"
Irinea Buendía Cortés, madre de Marina Lima Buendía
Una de las versiones de la Procuraduría del Estado de México fue que Marina se había suicidado congándose de una argolla minúscula y con un cordel muy delgado.
Recordó como las autoridades mexiquenses, durante la administración de Enrique Peña Nieto como gobernador, se negaron a investigar la muerte de su hija, calificando el hecho como suicidio. "Dijeron que ella se había colgado, cuando en realidad la estrangularon", agregó.
En entrevista posterior a su ponencia, Buendía Cortés dijo que el principal problema para que exista justicia en los casos de feminicidio en el país es "la falta de voluntad política" de los servidores públicos.
Desde los policías municipales, policías investigadores, ministerios públicos, forenses y jueces, no quieren hacer bien su trabajo o carecen de capacitación para realizarlo.
"No se puede capacitar a los policías dos horas después de una jornada de 24 horas sólo para decir que se cumplió con la capacitación", dijo la activista.
"En México existe también una crisis de valores", agregó la mujer, quien dijo que no sólo las autoridades son responsables de los crecientes feminicidios en el país, sino también la sociedad que normaliza la violencia y no exige justicia.
La resolución 'Marina Lima Buendía'
El 25 de marzo de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la sentencia 554/2013, relativa a la investigación de la muerte violenta de Mariana Lima Buendía, constituyendo el primer pronunciamiento de este tribunal relacionado con el feminicidio. La decisión fue el reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, así como de la obligatoriedad de investigar y juzgar con perspectiva de género, además de un esfuerzo por brindar la reparación integral por violaciones de derechos humanos.
La sentencia abre, además, varios debates, como el alcance del parámetro de control de regularidad constitucional y la pertinencia de que un tribunal constitucional analice, a detalle, una investigación ministerial, o sobre el alcance de las reparaciones a través del amparo. Así, la decisión demuestra que una sentencia de amparo puede constituir una acción reparadora y una garantía del derecho a la verdad.