Fuerzas Armadas del Perú refuerzan lucha contra el narcotráfico - Dialogo-Americas

Una nueva ley autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas del Perú en labores de interdicción contra el narcotráfico en el VRAEM.

Entre julio y septiembre de 2018, las Fuerzas Armadas del Perú neutralizaron a más de cinco terroristas, destruyeron varios campamentos guerrilleros e incautaron armas de fuego y municiones en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), convertido en semillero de delincuencia, además de participar de operaciones conjuntas con la Policía Nacional del Perú (PNP) en la lucha contra el narcotráfico. Una nueva ley permite que los militares realicen acciones policiales contra el narcotráfico en las zonas declaradas en estado de emergencia del VRAEM.

La Ley N.o 30796 del 21 de junio de 2018, autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en el VRAEM con interdicciones terrestre, acuática y aérea contra el narcotráfico. Modifica el Decreto Legislativo N.o 1241 de 2015, que fortalecía la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Bajo la nueva ley, los militares podrán interceptar a los narcotraficantes así como incautar droga para luego poner a los detenidos y a la mercancía ilícita decomisada a disposición de la PNP.

La ley, "flexibiliza la colaboración con la PNP en su misión constitucional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas al poder llevar a cabo operaciones contra este ilícito sin la dependencia policial", dijo a Diálogo el General de División del Ejército del Perú Manuel Gómez de la Torre, comandante del Comando Especial del VRAEM y comandante general de la IV División del Ejército. "Sin embargo, considero que es crucial continuar con el trabajo integrado que nos permita seguir sumando las capacidades propias de cada institución del Estado, en nuestro objetivo de reducir o eliminar las amenazas contra la seguridad y el desarrollo del Perú".

Acciones con limitación

Las funciones de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico en el VRAEM se limitaban a participar de patrullajes combinados con la PNP, ante su requerimiento, y proporcionar apoyo logístico para neutralizar el tráfico ilícito en la región. Asimismo, los militares participaban de operaciones de control territorial y control fluvial en forma conjunta con la PNP, además de generar inteligencia a través del monitoreo de los vectores aéreos. Sin embargo, sin la presencia policial, los militares no podían actuar.

"Me parece algo totalmente ilógico que un oficial del Ejército, un capitán que está al mando de una base, cuando viene alguien de la población y le comunica que pasará narcotráfico cerca de su base, no puede tomar a su gente e ir a hacer la interdicción", dijo a Diálogo el congresista peruano Carlos Tubino Arias Schreiber. "No, el narcotráfico pasa por sus narices porque él tiene que comunicar […] a la PNP para que la PNP actúe, y al final el narcotráfico pasa. Entonces, cualquier observador que estuviera viendo eso pensaría que ese capitán está coludido con el narcotráfico porque ha sido avisado y el narcotráfico pasó".

Si bien el apoyo de las Fuerzas Armadas a la PNP ha sido crucial, para Tubino, quien presentó la ley, la interdicción de droga requería mayor atención. "Colombia, que tiene a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas bajo el Ministerio de Defensa, actúa directamente contra el narcotráfico y su porcentaje de interdicción bordea el 40 por ciento y acá no llegamos ni al 12 por ciento", detalló.

Involucrar a las Fuerzas Armadas

A pesar de haber sido aprobada por el Congreso, la nueva ley depende de la decisión presidencial para ponerse en marcha. No es la primera en otorgar esas funciones policiales a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. En 1993, la Ley N.o 26247 autorizó la participación militar en la captura de implicados en tráfico de drogas donde no existían dependencias de la PNP. 

En abril de 1996, la ley fue derogada. Sin embargo, Tubino, un vicealmirante retirado de la Marina, se inspiró en la ley anterior para presentar la actual por su efectividad contra el narcotráfico.

"Ahí pusimos contra la pared al narcotráfico", comentó Tubino, que en la época se desempeñaba como jefe político militar en el VRAEM. "Esa experiencia me llevó a siempre tener en mente que sí es posible involucrar a las Fuerzas Armadas, bien entrenadas y preparadas, para hacer interdicción, pero no para reemplazar a la PNP en su función constitucional de investigación y de seguimiento de ese crimen".

Impacto positivo

En general, la ley ha sido bien recibida por las Fuerzas Armadas y la PNP, pero enfrenta resistencia por grupos de ambas instituciones. Algunas personas también temen extender demasiado poder a los militares.

"Acá se trata de zonas declaradas en emergencia que son zonas inhóspitas, zonas de operaciones militares complejas donde se le dice a las Fuerzas Armadas que no solamente deben luchar contra el terrorismo, sino también la logística de esos grupos, comprometerse a hacer interdicción", dijo Tubino. "Porque si no se comprometen con eso, la pacificación en el VRAEM no se va a dar".

Para nivelar los conocimientos entre los militares y la PNP, la nueva legislación toma en cuenta la necesidad de entrenar a las unidades e implementar programas y cursos especializados en las escuelas de ambas instituciones. Tubino considera la creación de una escuela con instructores de las Fuerzas Armadas y de la PNP en actividad y en retiro. El intercambio de información y experiencia será de los más favorables, según el congresista.

Por su parte, el Gral. de Div. Gómez de la Torre destaca los logros de sus unidades. "El Comando Especial del VRAEM de manera permanente –antes y después de la ley promulgada– viene realizando un esfuerzo sostenido en la lucha contra el tráfico ilícito de droga a través del empleo conjunto e integrado de sus componentes terrestre, naval, aéreo, policial y de fuerzas especiales", concluyó el oficial. "Se evidencia en la importante cantidad de logros operacionales obtenidos, comprometiéndonos a continuar con los éxitos alcanzados en la tarea encomendada, con el evidente impacto positivo esperado por el Estado peruano".