Los tres niveles gubernamentales han atendido la prevención situacional, es decir, de repente recuperar espacios, pero no las prevenciones primarias y secundarias, juzgó Urenda Queletzú Navarro Sánchez, investigadora de la Maestría en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP.
Este viernes, se dio a conocer que el estado reporta 19 feminicidios en lo que va del año, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Para la académica, las prevenciones primarias y secundarias se refieren a cómo fortalecer acciones específicas en los grupos de riesgo que ayuden a prevenir la comisión de estos ilícitos, en los sectores y en el perfil victimológico "claramente delimitado", señaló.
Navarro Sánchez sentenció que mientras no haya coordinación eficaz, ni estrategias claras de los tres órdenes de gobierno, la aplicación de medidas ejecutivas para la protección de las féminas será complejo.
"En San Luis se han ido recrudeciendo el proceso de violencia hacia las mujeres, y que en ese sentido operan otros factores que de pronto escapan incluso, a que se señalen como feminicidios", lamentó.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), informó que contabiliza 47 presuntos feminicidios en San Luis Potosí, en lo que va del 2018. La última muerte que sumó, fue la ubicación del cadáver de una fémina en un paraje del municipio de Axtla de Terrazas.
El 24 de septiembre pasado, se reveló que alrededor del 30 por ciento de las mil 300 personas atendidas por los Centros de Justicia para Mujeres (CJM) de enero a la fecha, requieren una medida de protección, cuyos casos de mayor riesgo se concentran en la capital potosina, municipio con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
Es decir, 390 ciudadanas de San Luis Potosí necesitan la acción gubernamental ante el riesgo latente de ser agredidas, y de ellas la mayoría residen en la urbe capital, cuyo Ayuntamiento reportó en comunicado el 23 de septiembre pasado "avances" en la AVG.